Cuando hablamos de comunicación, no podemos obviar el nuevo contexto en el que se produce el intercambio de información: canales emergentes, nuevos agentes y formas de recibir y transmitir comunicaciones y formatos innovadores. Esta transformación comunicativa se produce al ritmo que avanza la tecnología.

En pleno proceso de transformación digital de nuestras ciudades es esencial tener en cuenta la evolución de este entorno pero sobre todo los nuevos escenarios de comunicación, entre los cuales destacan las redes sociales, un espacio complejo pero con un sinfín de oportunidades para desencallar la relación entre la administración pública y la ciudadanía.

Por primera vez, las comunicaciones entre ambos agentes −administración y ciudadanos− es inmediata, bidireccional y puede convertirse en viral, con todo lo que ello conlleva.

Comunicación política y redes sociales

Las redes sociales y la comunicación han evolucionado muchísimo en el entorno de las ciudades. La incorporación y dinamización de los perfiles sociales en los ayuntamientos, por ejemplo, como un canal para abrir nuevas formas de relacionarse con la ciudadanía es indiscutible. Para ello, hay que empezar a generar nuevos tipos de contenido para conectar con los ciudadanos y para hacerles llegar la información en el momento y el lugar oportuno.

Estos canales también son imprescindibles para dar voz y realizar una escucha activa de la sociedad, son un termómetro o sensor dentro de los espacios digitales que permiten a las administraciones conocer qué sucede en un territorio y qué opina la ciudadanía. Si bien es cierto que el escenario digital es una herramienta muy interesante en el proceso de rediseño y reorganización de las ciudades, estos últimos cuatro años también hemos asistido a un proceso de desinformación, a través de la distribución de fake news que están intoxicando estos espacios y contribuyendo a la desconfianza por parte de los usuarios (ciudadanos). En este sentido, hay que seguir trabajando para reforzar la visibilidad de las informaciones contrastadas −aunque éstas provengan de los ciudadanos− y reducir las noticias falsas.

Las administraciones deben asumir un nuevo rol para promover más noticias, más criterio, más perspectivas y más canales más allá del feed, que contemplen más y mejor los intereses de los ciudadanos. Todo ello repercutirá en una mejor comprensión y acercamiento de posiciones a la hora de crear consenso.

Los datos y su valor para las políticas públicas

En España se han empezado a publicar datos abiertos por parte de las administraciones, lo que supone un gran esfuerzo, ya que la información debe estructurarse y organizarse antes de ser compartida y esto ni es sencillo ni es inmediato. La implementación de este tipo de iniciativa significa un gran paso por parte de la administración pública ya que pone de manifiesto sus buenas intenciones y voluntad de transparencia.

Hoy en día, en las ciudades se generan y capturan una gran cantidad de datos. El reto se encuentra en su análisis y uso para desarrollar e implementar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Y es que los datos deben servir para conocer las nuevas necesidades de la sociedad y transformar la administración pública hacia estas nuevas realidades.

Si bien es cierto que los datos que estamos recogiendo (fácilmente accesibles) y que estamos generando de forma automática nos aporta información muy interesante sobre la actividad de los ciudadanos, en algunos casos sería interesante complementarla con otros métodos para saber y entender qué quiere realmente la ciudadanía. Ahora sabemos qué servicios utilizan o cuáles no, pero no por qué lo hacen o lo dejan de hacer; qué les motiva y qué refieren. Esta información más cualitativa nos ayudará a diseñar servicios más adaptados a las necesidades de los ciudadanos.

En este contexto, se está generando un debate ético sobre el uso de los datos, ya que alguna mala praxis ha generado desconfianza en la ciudadanía.

Gobierno Abierto: participación, transparencia y datos abiertos

El objetivo principal del Gobierno Abierto es reforzar los vínculos que unen a los ciudadanos con sus gobernantes, mediante el establecimiento de vías de diálogo más adecuadas para que la ciudadanía pueda ser más partícipe en el desarrollo de las políticas públicas. Así es más probable que la actuación de las administraciones públicas responda más y mejor a las necesidades reales de los ciudadanos.

Las administraciones públicas asumirán con el Gobierno Abierto un nuevo rol imprescindible para la participación ciudadana.

No se tratará únicamente de publicar o compartir datos, sino de analizar la forma de extraer la información necesaria y útil para una buena toma de decisiones, a la vez que se preservan los derechos humanos. No todo debe ir sólo en beneficio de mejorar los servicios, sino también de respetar y mejorar la vida de los ciudadanos.